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lunes, 22 de junio de 2020

El Salvador inaugura primera fase de un hospital exclusivo para la COVID-19

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este domingo la primera fase de un hospital exclusivo para la atención de casos de COVID-19, en momentos en los que el sistema sanitario del país se ha visto superado por los contagios.


Bukele comunicó la inauguración del centro médico por cadena nacional de radio y televisión, sin que se permitiera la presencia de la prensa en el lugar tras días de polémica por señalamientos de un presunto caso de corrupción en la compra de equipos de protección.

Esta primera fase del llamado Hospital El Salvador, construido en un pabellón del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) de la capital salvadoreña, tuvo un costo de 25 millones de dólares y alberga 400 camas.

"Es una gran obra para nuestro país y va a ser un legado de este Gobierno, va a ser un legado para nuestro país El Salvador, va a ser un legado para las próximas generaciones", dijo el mandatario, quien aseguró que este será el hospital "más grande de Latinoamérica" para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Inicialmente se estipuló que sería un hospital provisional, pero Bukele anunció que se mantendrá por la alta inversión que representará para el país, de unos 75 millones de dólares.

El presidente salvadoreño adelantó que se espera que en agosto se concluya con las siguientes dos fases del centro hospitalario y que posteriormente será ampliado.

El Salvador se encuentra, según sus autoridades sanitarias, en la etapa de contagio masivo de la COVID-19, por lo que los pacientes asintomáticos o con síntomas leves son enviados a sus casas para tratar de aliviar la carga en los hospitales.

Bukele pidió este domingo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia que le devuelvan las facultades que, a su juicio, le han retirado para atender la pandemia.

"En mi calidad de presidente de la República, es mi deber dirigirme a ustedes para expresarles la imperiosa necesidad de que interpongan sus buenos oficios, a manera de devolverle a mi Gobierno las facultades legales", reza una carta enviada por el mandatario a diputados y magistrados.


El gobernante aprovechó la misiva para criticar a los jueces y diputados por supuestamente retirarle facultades "de una manera articulada, antojadiza, ilegal".

"Necesitamos volver a tener el control sobre la pandemia y no ser meramente administradores de hospitales, como han pretendido ustedes en su jurisprudencia", recalcó Bukele.

El mandatario destituyó el sábado al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales en el marco de la pandemia y anunció que solicitará que se audite esa transacción, por importe de 250.000 dólares.

Se trata del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, quien también buscaba la candidatura para la alcaldía de la localidad de Santa Tecla con el partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento del mandatario, pero fue separado de la contienda.

En El Salvador se registran ya 4.626 casos confirmados de COVID-19 y al menos 98 personas fallecidas.

domingo, 7 de junio de 2020

España juzga desde este Lunes a un excoronel salvadoreño por matanza de jesuitas

Madrid: La Audiencia Nacional de España juzga desde este lunes al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en "la decisión, diseño o ejecución" de la matanza de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador.



La Fiscalía española pide 150 años de cárcel para el antiguo alto mando militar, que permaneció dos años detenido en EEUU, hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017, y donde ahora cumple prisión provisional.

El excoronel será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por la muerte de los cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.

Junto a él se sentará en el banquillo René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército de la República de El Salvador destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor del crimen.

Para este acusado, la Fiscalía pide, no obstante, una pena de un año por cada una de las víctimas, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes de confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.

Según la Fiscalía, ambos "participaron en la decisión, diseño o ejecución" del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.

También mataron a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

"Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas...", explica la Fiscalía española.

Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, "fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar los resultados de las elecciones "de forma irrevocable el panorama político del país".

En esta situación, "los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto armado.

Según la Fiscalía, "era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes", lo que lo convirtió en "objetivo de los militantes de la extrema derecha", que culpaban a la Iglesia de formar parte "de una conspiración comunista internacional".

En este contexto, el 15 de noviembre, "el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona ( una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas".